El pasado 22 de junio, Transparencia Internacional presentó los resultados de su estudio sobre la aplicación de la ley de transparencia[1] por las empresas españolas. La investigación, realizada por César N. Cruz, resulta esclarecedora: En 2017 sólo 1 empresa obligada aplicó la ley.

La primera razón de este incumplimiento es la que está pensando el lector de este post: ¡Ah! Pero… ¿La ley de transparencia no es sólo para el gobierno? Pues resulta que en su artículo 3 señala que también son sujetos obligados:

Las entidades privadas que  perciban durante  el  período  de  un  año  ayudas  o  subvenciones  públicas  en  una  cuantía  superior  a  100.000  euros  o  cuando  al  menos  el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.

¿Qué supone aplicar la Ley de Transparencia?

Básicamente utilizar la web corporativa para hacer dar a conocer información:

  1. institucional, organizativa y de planificación. Función que realiza, legislación aplicable y organigrama.
  2. económica: contratos y convenios firmados con la administración pública o subvenciones recibidas de ésta, presupuestos, cuentas anuales y retribuciones de los altos cargos.

Normativa autonómica

 Además de la Ley nacional se han aprobado ya Leyes Autonómicas de Transparencia[2] que, en algunos casos amplían el número de empresas obligadas a cumplir con los estándares fijados en la norma nacional. Aún no se dispone de datos del cumplimiento normativo a nivel autonómico, pero podríamos vaticinar que los resultados serán similares dado el escaso interés manifestado por todas las partes implicadas.

Una oportunidad

Sin entrar a valorar los motivos de su incumplimiento, la ley representa una fantástica oportunidad para las empresas, obligadas o no, ya que marca unos estándares mínimos que deben cumplir para asociarse con uno de los conceptos más valorados socialmente: la transparencia en la gestión.

Cualquier buen responsable de Relaciones Institucionales o Gobierno Corporativo debería estar peleando por cumplir esos estándares, aunque su empresa no esté obligada por ley. Ello no sólo contribuiría a la mejora de la imagen de marca de la compañía, sino que, de ser mayoritaria esta política de transparencia, sería la Marca España la beneficiada y con ella todo nuestro tejido empresarial.

Transparencia para qué

Sólo desde el Dpto. Corporativo de las empresas se puede recabar la información y convencer a los adalides de la reserva y la confidencialidad de que la forma de comunicarnos con nuestros clientes, las instituciones, los competidores y los medios de comunicación han cambiado para siempre.

Ya no son suficientes descuentos, publicidad en medios, o marketing online. Hace falta disponer de las herramientas que impidan que la queja de un cliente sobre nuestro producto se haga viral, o que un rumor sobre el comportamiento poco ético de nuestro CEO siembre la duda sobre el destino de nuestros beneficios.

Cuanta más información abierta, más capacidad de diálogo con el legislador y más libertad para exigir al resto de sujetos que operan en nuestro mismo environment.

Porque la #transparencia no es sólo para lxs políticxs.


[1] Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

[2] Enlace al repositorio que ofrece el estudio “Ley de transparencia y grandes empresas en España” de Transparencia Internacional de todas las leyes autonómicas ya en vigor.