Hace unas semanas asistí a una jornada en la que algunos de los más importantes colectivos que se preocupan por la normalización de la profesión de lobista, APRI, Transparencia Internacional y Hay Derecho, volvieron a reivindicar su regulación así como la de las llamadas “puertas giratorias”.

Ambas cuestiones que están ya siendo analizadas en sede parlamentaria y en los medios de comunicación, afectan al crédito de los profesionales de la representación de intereses, pero en mucha mayor medida al sostenimiento de la propia democracia: Si la ciudadanía deja de confiar en sus instituciones, el desarrollo social no es posible.

¿Porqué regular el Lobby?

Las razones son sencillas:

  • Para garantizar la igualdad política.
  • Para evitar la corrupción o la influencia indebida.

Para lograrlo hace falta:

  • Un código ético.
  • Un órgano independiente de control.
  • Un Registro de entidades de representación de intereses de ámbito nacional compatible con los registros locales y autonómicos que ya existen.
  • Una regulación de la financiación de los partidos.
  • Una pormenorizada regulación del conflicto de intereses.

¿Cómo evitar las puertas giratorias?

La respuesta fácil sería imponer tales costes a quienes entran en política con el fin de obtener beneficios económicos, que no les resulte rentable. El problema es que establecer demasiados límites también desincentiva la captación de talento para el sector público.

Para saber cómo funciona ahora, recomiendo el análisis realizado por Hay Derecho en este estudio que evidencia la necesidad de una nueva regulación para evitar el descrédito social de la actividad política.

Algunas propuestas:

  • Crear una Oficina de Integridad Pública, adscrita al Congreso.
  • Extender la regulación del conflicto de intereses más allá de los altos cargos.
  • Adaptar el “periodo de enfriamiento” al cargo: las funciones y responsabilidad de los más de 600 altos cargos actuales, son muy dispares.
  • Establecer mecanismos efectivos de seguimiento y control. Aprobar una ley no consigue nada.
  • Establecer un régimen sancionador adecuado.
  • Impulsar políticas de buen gobierno corporativo en las empresas.
  • Más transparencia…. Etc.

No es un tema sencillo de atacar porque afecta a algo tan fundamental como el proceso de selección de nuestros representantes en los tres poderes del estado.

Seguimos.